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Comunicado a la opinión pública nacional e internacional ante ataques indiscriminados del esmad, emcar y ejército nacional contra comuneros/as de la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz en la vereda La Agustina, Mondomo

Desde el escenario de Convivencia, Dialogo y Concertación ubicado en territorio ancestral de Sa’th Tama Kiwe en el Pital, Caldono, departamento del Cauca, los pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares que participan de la Minga Nacional informamos y denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional, defensores y organizaciones de DD.HH. y ante la comunidad en general, que hoy 19 de marzo de 2019 el Gobierno Nacional a través de su brazo armado reprimieron, amedrentaron, hostigaron, agredieron y lesionaron a las comunidades indígenas que se encontraban en el punto de concentración ubicado en la Vereda La Agustina, Mondomo, Cauca.

Hasta el momento se cuenta con información testimonial, audios y videos en los cuales aparecen hombres con armas de largo alcance pertenecientes al ESMAD, EMCAR y el Ejército Nacional quienes procedieron a lanzar gases lacrimógenos y a disparar indiscriminadamente con ráfagas de fusil contra las comunidades que se encontraban en ejercicio de su derecho a la protesta pacífica.

Esta incursión de las fuerzas militares mediante el uso violento, arbitrario y desproporcionado de la fuerza ha dejado un saldo de varios hechos trágicos que lamentamos. En primer lugar, como defensores de la vida condenamos enérgica y categóricamente la muerte violenta del Patrullero Boris Alexander Benítez, quien recibió dos disparos certeros en el cuello y tórax propinados al parecer por una persona con amplios conocimientos en armas de fuego como un francotirador.

Este hecho que hoy enluta nuestra protesta debe ser investigado por las autoridades competentes con el fin de identificar e individualizar al homicida y que responda ante las autoridades judiciales para lo cual proponemos crear mecanismos de coordinación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria para adelantar dicha investigación.

En segundo lugar, reportamos que en la acción represiva de las fuerzas militares contra las comunidades dejó un saldo de 16 heridos: 5 policías, 3 militares y 8 comuneros, daños a la integridad de estas personas que se hubieran podido evitar si existiera voluntad real de dialogo por parte del presidente Duque.

Se hace necesario recordarle al Gobierno Nacional que la utilización de armas letales en el marco de una protesta social solo sería aceptable de acuerdo con los estándares nacional e internacionales sobre la materia por legítima defensa y que los actos aislados de violencia cometidos por otros en el transcurso de la manifestación no privan a las personas pacificas de su derecho a la libertad de reunión pacífica, de expresión y de asociación. Por tanto, nada justifica el uso indiscriminado de fuerza letal contra una multitud, lo que es ilícito en virtud del derecho internacional humanitario D.I.H.

Estas son acciones ilegales, desmedidas e injustas cometidas por la Policía y el Ejército Nacional bajo las órdenes del Gobierno Nacional, en un claro abuso de poder, una extralimitación en el ejercicio de sus funciones, un irrespeto a los Estándares Nacionales e Internacionales del Derecho a la Protesta Social y un uso excesivo, irracional y desproporcionado de la fuerza.

Estos hechos ocurren un día después de que el presidente Iván Duque se comprometiera con los Gobernadores de los departamentos del Valle, Cauca, Nariño y Huila a enviar una Comisión de Alto Nivel del Gobierno Nacional para buscar un dialogo y propiciar una conversación con la Minga de los pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares.

De los hechos relatados contrastados con las alocuciones públicas del primer mandatario queda claro que para el presidente Iván Duque:

  1. Prima el derecho a la movilidad de los vehículos que el derecho a la vida y la integridad personal de las comunidades y los mingueros que participan de las jornadas pacificas de protesta.
  2. Cuando afirmó que enviaría una Comisión de Alto Nivel para dialogar con la Minga debía entenderse el envío de todo su aparato armado y represivo contra quienes ejercen sus derechos fundamentales de reunión pacifica, de expresión y de asociación.
  3. Cuando habló de “creación de confianza” se refiere a doblegar y disuadir a sangre y fuego la voluntad de los mingueros en sus justas reivindicaciones y no a cumplir las obligaciones del Estado en materia de protección de los derechos humanos en el contexto de protestas pacíficas.
  4. Cuando afirmó que su gobierno está “abierto siempre al diálogo y a la propuesta, y a escuchar propuestas”, debemos entender que se refiere a las propuestas que están articuladas con la agenda política y legislativa del despojo y el proyecto de muerte que él representa y no nuestro proyecto que defiende la vida, para esté ofrece represalias, hostigamientos y detenciones arbitrarias.

Por lo anterior, denunciamos y exigimos al Gobierno Nacional que deje de mentir y engañar a los pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares que participan de la Minga y al país, posando de demócrata en los medios de comunicación, haciendo invitaciones vacías al dialogo, pero aplicando en terreno la más irracional represión física y psicológica contra las comunidades en pie de lucha y resistencia por la exigencia del derecho a la vida y al territorio.

Exigimos al Gobierno Nacional coherencia entre sus afirmaciones y sus acciones, que contribuya con honestidad a un dialogo abierto, incluyente, provechoso y que reconozca que la protesta pacífica:

  1. No puede ser criminalizada por el Estado ni tomar represalias, ni ser amedrentada, hostigada, lesionada, golpeada, detenida y recluida de manera arbitraria, y mucho menos estigmatizada.
  2. Es una forma de ejercer los derechos a la libertad de reunión, expresión y asociación, y el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos.
  3. Aporta al fortalecimiento y efectividad de la democracia.
  4. Contribuye al pleno disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Hacemos un llamado a los organismos defensores de DD.HH. nacionales e internacionales, a la Oficina del  Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU, a la Comisión Interamericana de DD.HH., a la Misión de Verificación de la ONU, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, a la Comisión Legal de DD.HH. del Senado de la Republica, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, para que, en el marco de sus funciones y competencias nos acompañen en nuestras exigencias al Estado para garantizar:

  1. Que no continúen los incumplimientos a los acuerdos logrados con el Gobierno Nacional que han afectado la materialización de los derechos de los pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares.
  2. Que el Gobierno Nacional cumpla los Estándares Nacionales e Internacionales del Derecho a la Protesta Social contenido en la Constitución Política y en tratados e instrumentos internacionales de DD.HH. que protegen los derechos de los pueblos indígenas.
  3. Que hagan incidencia ante el Gobierno Nacional para el dialogo con los pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares, y muestre una voluntad sincera de escuchar y atender nuestros justos reclamos.
  4. Que nos apoyen a visibilizar los hechos de violencia gubernamental ante los entes de control y organismos garantes de DD.HH. para proteger la vida, integridad y honra de los que participan en la Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz.

Hacemos un llamado de urgencia al Gobierno Nacional para que detenga la represión y que acepte nuestra invitación al diálogo político y social haciendo presencia en la minga como máxima autoridad gubernamental.

Pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares del suroccidente colombiano

Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz

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