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Comunicado a la opinión pública nacional e internacional sobre los atentados en la zona Norte del Cauca

Los pueblos indígenas, organizaciones sociales, procesos populares del sur occidente colombiano concentrados en el resguardo indígena de las Mercedes, sector el Pital, territorio ancestral de Sa’th Tama Kiwe, Caldono, Departamento del Cauca, que participan de la Minga social por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz. Denunciamos y rechazamos ante la opinión pública nacional e internacional, defensores y organizaciones de derechos humanos y comunidad en general los hechos ocurridos en la madrugada del 26 de marzo del 2019.

En la Minga social del suroccidente nos encontramos en un ejercicio legítimo de movilización social, un derecho constitucional que tenemos como pueblos, organizaciones sociales y procesos populares.

Rechazamos las acciones criminales por parte de cualquier actor armado, sea legal o ilegal.

El día 25 de Marzo se anunció mediante comunicado a la opinión pública la amenaza que constituye para la Minga social la reunión llevada a cabo en la ciudad de Popayán entre los gremios empresariales y el Concejo de Seguridad en cabeza del Ministerio de Defensa, frente a esto manifestamos la posible construcción y ejecución de un plan militar para accionar en contra de los diferentes puntos de concentración de la Minga o en cualquier punto del departamento del Cauca en el que la población se pueda encontrar en riesgo. Entendemos que este plan incluye tanto acciones militares, ejecutadas conjuntamente entre, EMCAR, ESMAD Fuerza militares, Policía Nacional, Sijin, Dijín y demás entes investigativos, que buscan deslegitimar y estigmatizar la protesta social.

Dado lo anterior, denunciamos los siguientes hechos ocurridos en horas de la madrugada:

  1. Hostigamientos por disidencias en el municipio de Caloto a la 1 a.m y en el municipio de Toribío a las 4:45 am.
  2. Explosión de una motocicleta en el municipio de Miranda.
  3. Explosión de carro bomba al lado de la finca la Emperatriz y en la finca de un comunero de Toéz. Y posteriormente hostigamientos a puesto de la policía en la Emperatriz.
  4. Explosión en la vía panamericana entre el sector Mondomo y la Agustina a 2 km del punto de concentración de la minga social.
  5. Sobrevuelos de helicóptero en horas de la noche en la zona donde se encuentran los migueros y mingueras desde el pasado 24 de marzo hasta el día de hoy 26 del mismo.

Reiteramos nuestra voluntad de diálogo que se ha manifestado por parte de los voceros y autoridades indígenas reunidas desde hace 6 días en la vereda de Mandivá, municipio de Santander de Quilichao. Hemos sido claros en la necesidad de garantías frente a la protección de la vida y demás derechos humanos de todos los mingueros y mingueras, mayores, jóvenes, mujeres, niños y niñas. Sin embargo, no hay respuestas concretas frente a las peticiones, por esto nos encontramos con suma preocupación frente a los hechos denunciados que ratifican un tratamiento de guerra a la protesta social y nos preguntamos hasta cuándo continuarán las acciones descomprometidas por parte del Presidente Iván Duque y sus funcionarios.

Por lo anterior, y ante la continuidad de los hechos represivos responsabilizamos al Estado colombiano de cualquier acción lesiva que afecte a los mingueros y mingueras que hoy nos movilizamos y exponemos que La Minga Social del Suroccidente se pregunta: ¿A quiénes les conviene que estas acciones de guerra se lleven a cabo y que la Minga no haga sus exigencias? Exigimos  al Estado que se investigue los acontecimientos ocurridos en el Norte del Cauca que atenta contra de la vida, integridad y libertad personal de las comunidades campesinas e indígenas y que estos hechos no se relacionen con la minga social del suroccidente.

Hacemos un llamado a los organismos defensores de DD.HH. nacionales e internacionales, al Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU, a la Comisión Interamericana de DD.HH., a la Misión de Verificación de la ONU, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, a la Comisión Nacional de DD.HH. del Senado de la República, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, para que, en el marco de sus funciones y competencias  acompañen a las comunidades y familias de la Minga social del Sur Occidente Colombiano.

Pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares

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